El procurador Alejandro Ordóñez hizo un llamado a los alcalde, gobernadores, directores, ordenadores del gasto y a todos los funcionarios del país para "no se expongan a futuros procesos disciplinarios actuando conforme a una directiva contraria a derecho", expedida por el presidente Juan Manuel Santos porque "viola los estrictos límites impuestos a los servidores públicos por la Corte Constitucional".

"Es una invitación a que los servidores públicos desconozcan el ordenamiento jurídico y puedan ser objeto de investigaciones disciplinarias", indicó en un comunicado divulgado este martes.

Explicó que "la divulgación corresponde por ley únicamente al Gobierno Nacional y no se puede delegar en autoridades diferentes. Tampoco se puede disfrazar de divulgación lo que en realidad es campaña a favor del sí o del no en el plebiscito".

"Quiero ser claro. Los servidores públicos no pueden ser jefes de debate, directores de campaña, gerentes de sede, coordinadores de día de elecciones, tesoreros de campaña, ni realizar cualquier otra acción que sea diferente a la de debatir, deliberar y expresar públicamente y libremente sus opiniones o posiciones frente al plebiscito”, manifestó el Jefe de Ministerio Público.  

Expuso que la regla general es no usar los "bienes del Estado ni recursos del Tesoro Público para apoyar el sí o el no,  tampoco podrán suspender las tareas propias de la función encomendada, ni utilizar la jornada laboral para participar en actividades de campaña".  

Según Ordóñez, "se violan las condiciones establecidas en el ordenamiento jurídico que determinan la participación de los servidores públicos y limitan a las instituciones estatales, en los siguientes eventos: 

a) Incluir lemas, mensajes o símbolos relacionados con el Sí o el No en sus medios de comunicación, sean televisión, radio, internet, impresos, etc. Tampoco en los espacios institucionales, en la pauta publicitaria o su imagen institucional. 

b) Aprovechar las actividades que realiza la entidad o el servidor público en ejercicio de sus funciones, tales como la inauguración de obras públicas, la prestación de servicios sociales o de programas de asistencia social, entre otros, para manifestar y solicitar el apoyo al Sí o al No. La prestación de los servicios sociales y el cumplimiento de las obligaciones que tienen las entidades y los servidores públicos no pueden condicionar de ninguna forma la libertad de los ciudadanos para tomar una decisión libre, consciente e informada. 

c) Emplear la investidura del servidor público para condicionar, presionar o inducir de algún modo a contratistas para que financien o adelanten campañas o planes de propaganda de apoyo al Sí o al No. 

d) Aprovechar la relación jerárquica para ejercer coacción sobre los demás funcionarios en orden a que participen en actividades  de apoyo al Sí o al No.  

e) Emplear las obras que ejecutan contratistas para instalar banderas, vallas, pasacalles o cualquier elemento publicitario que contenga apoyo al Sí o al No. 

f) Celebrar contratos de prestación de servicios para vincular personal destinado a realizar actividades que tengan que ver con la promoción del Sí o del No. 

g) Utilizar contratos en ejecución para apoyar el Sí o el No. 

h) Utilizar la jornada laboral para hacer actividades de apoyo al Sí o al No. 

i) Alterar o desviar partidas presupuestales para la financiación de actividades de cualquier orden que promocionen directa o indirectamente el Sí o el No. 

j) Financiar el traslado de servidores públicos, incluidos los de elección popular, a eventos que se convoquen en apoyo del Sí o el No. 

k) Utilizar los edificios públicos para instalar publicidad de apoyo al Sí o el No. 

l) Instalar publicidad por el sí o por el no en cualquier tipo de vehículo oficial o que esté al servicio de entidades públicas. 

m) Realizar en el periodo de campaña del plebiscito las anteriores conductas respecto a campañas del Sí a la paz o el No a la paz, teniendo en cuenta que esto confunde el derecho a la paz con el Acuerdo Final y desorienta y manipula a los ciudadanos".